Artículo completo publicado en Público.es
Han pasado seis años desde que más de 150 países adoptaran el Pacto Mundial para una Migración, Segura, Ordenada y Regular. De todo ese título, la realidad es que las personas siguen migrando, la gran mayoría no puede hacerlo de manera regular, ni ordenada, por el contrario para muchas supone jugarse la vida.
Poco o nada se ha avanzado desde entonces en la apertura o articulación de vías regulares de entrada. Al contrario, se está imponiendo un modelo cada vez más restrictivo de la movilidad, priorizando el cierre de fronteras y su securitización. Un claro ejemplo es la adopción del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que implica un marco más restrictivo de derechos y un refuerzo del control de fronteras exteriores de la Unión Europea, alejándose así de los principios con enfoque de derechos humanos que vertebran el Pacto Mundial, que debería ser el referente.
Se han impuesto las posturas más duras dentro del Consejo de la Unión Europea que enarbolando conceptos como «instrumentalización» o «crisis» abren agujeros negros en el derecho internacional de los derechos humanos, consolidando la inclusión de la infancia en procedimientos rápidos de frontera (en contradicción con el interés superior de los niños/as y el derecho al asilo), el refuerzo de la externalización de fronteras y el descarte de las vías legales y seguras. Si ese es el marco en el que se van a mover las políticas migratorias españolas, desde luego nuestro país no podrá cumplir el compromiso de una migración con derechos.
Para ver cómo vamos con los deberes, hace pocas fechas tuvo lugar la revisión regional sobre la implementación del Pacto de Europa, Asia Central y América del Norte, organizado por la Red de Migraciones de Naciones Unidas. Un encuentro que España co-presidió, lo que debería ser un signo de que se toma este asunto en serio.
Este foro, en el que participan los Estados y la sociedad civil, también podría haber sido una oportunidad para la colaboración y el diálogo regional. Sin embargo, hay que lamentar que el formato de este espacio en el que los Estados se limitan a informar sobre las medidas adoptadas para la implementación de los objetivos establecidos y la sociedad civil a poner de manifiesto las deficiencias en su implementación, se desaprovecha una ocasión única para articular un foro de diálogo real.
